Impunidad en México: Solo una pequeña muestra

En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo un delincuente termina en  prisión, según una encuesta realizada por la Presidencia de la República en el año de 2004. Según organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Coaliciónla Suprema Corte de Justicia  de la Nación, en una votación dividida, decidió exonerar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, por las presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en lo que sería un caso en el que la Corte exonera a un gobernador que utiliza toda la fuerza del estado para castigar a una periodista que ha venido denunciando las redes de protección a una red de pederastas internacionales. contra el Tráfico de Personas en América Latina, nuestro país se ha convertido en los últimos años, en un paraíso para la explotación sexual de menores. A pesar de todo esto el pasado 19 de noviembre, el pleno de

La decisión tomada por la Corte ha sido duramente criticada por varios sectores de la sociedad mexicana, pues hay quienes ven en ella el problema de la impunidad que impera en nuestro país, desnudado en toda su dimensión. Como nos dice el periodista Jorge Zepeda: “Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio a hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad”. (www.jorgezepeda.net)

El mensaje es claro y doloroso: en México la impunidad es para los poderosos, para aquellos que tienen entre sus amigos a gobernadores, procuradores, jueces. O eso parece decirnos la decisión tomada por la Corte. Y eso en un país como el nuestro, en donde la institución judicial es una de las más desprestigiadas, junto con el Congreso de la República, resulta por demás peligroso.

El Calvario

El 16 de Diciembre de 2005 un comando de veinte sujetos fuertemente armado llegó hasta las instalaciones del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ahí se presentaron como policías judiciales del estado de Puebla y se llevaron a la periodista y fundadora del Centro, Lydia Cacho, sin presentar ninguna orden de aprehensión. De ahí la trasladarían por tierra hasta la ciudad de Puebla.

Según la periodista, durante el viaje que duró aproximadamente 20 horas, fue humillada y torturada psicológicamente por los policías judiciales encargados de trasladarla. En declaraciones, en poder de la Corte Suprema, la periodista afirma que los policías llegaron a amenazarla con violarla, mientras le ponían una pistola en la boca.

Después de más de veinte horas de viaje por tierra, en la que todo momento estuvo rodeada de hombres armados, la periodista sería ingresada al Centro de Readaptación de la capital poblana, acusada de difamación por el empresario textil Kamel Nacif. Ahí escucharía su auto de formal prisión de boca de la juez Rosa Celia Pérez González, por desacato a una orden de presentación.

Luego de más de 30 horas de arresto, la periodista sería puesta en libertad después de pagar una fianza de 106 mil pesos ante la juez Pérez González. Sin embargo, la velocidad con la que fue encarcelada y sometida a juicio la periodista, solo hacía suponer que la demanda presentada por el empresario había tocado fibras muy sensibles de las autoridades poblanas

La justicia expedita que arrestó a la periodista no era una buena señal. El 14 de Febrero de 2006 la opinión pública mexicana conocería una conversación telefónica, grabada ilegalmente, entre el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, en el que éste último lo felicitaba y le daba las gracias por el arresto de la periodista. El tono vulgar y de mutua confianza en el que platicaban los personajes daba a entender su total acuerdo para “darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” como bien decía el mismo gobernador, y nos dejaba claro que las autoridades del estado de Puebla se habían sometido a un particular, para castigar con “todo el peso de la ley” a otro particular.

Los demonios andan sueltos

El libro “Los demonios del edén; El poder que protege a la pornografía infantil” fue publicado por Lydia Cacho en abril de ese mismo año, en un intento por dar a conocer toda la red de protección del empresario de Cancún, Jean Sucar Kuri, acusado de encabezar una red de pederastia y pornografía infantil. Lo que nunca se imaginaría la periodista, es que su libro desataría a los demonios de la “justicia” mexicana.

El libro aborda el tema de la pornografía y prostitución infantil. Cacho investiga, revela testimonios y da nombres de algunos responsables, quienes  encumbrados en la cima del poder político y económico, promovían y protegían las actividades de una gran red de corrupción y explotación infantil, que tenía su centro de operaciones en el balneario del caribe mexicano y que había abusado de varios menores de edad durante más de diez años. Y aunque algunos fragmentos en voz de las víctimas son profundamente dolorosos, la valentía y claridad de testigos y especialistas, nos permiten ver la complicidad del silencio en el tema de la violencia y la explotación sexual.

A este enemigo era al que la periodista pretendía desenmascarar y combatir. Un enemigo que tenía nombre y apellido: Jean Thouma Hannah Succar Kuri nacido en Becharré, Líbano, un 19 de Septiembre de 1944. Jean Succar Kuri, o “Jhonny” como prefería que lo llamaran sus amigos, había viajado en su adolescencia a México, adonde llegó con la firme idea de hacerse millonario. En 1985 arribó a Cancún y comenzó por poner una fuente de sodas en el aeropuerto de esa ciudad y un par de tiendas de playeras baratas para turistas. Años después era propietario de 50 villas y operador del Hotel Solymar. Tenía a su nombre tres tiendas de artesanías en el aeropuerto de Cancún y hasta la fecha es dueño del restaurante central del mismo aeropuerto, concesión que consiguió por medio de su amigo Alejandro Góngora. Asimismo, es propietario de un restaurante en Los Ángeles y de una mansión en esa misma ciudad norteamericana. Succar vivía dos semanas del mes en Cancún desde hace 20 años. El resto del tiempo viajaba a Los Ángeles, California; a Las Vegas, Nevada; a Hong Kong…, o a donde sus negocios lo llevaran.

En marzo del 2003 un juez del fuero común otorgó la orden de aprehensión en contra de Jean Succar Kuri, quién sin embargo logró evadir la acción de la justicia, al ser avisado aparentemente desde la misma procuraduría de justicia del Estado. Desde ese día el empresario se encontraba prófugo y perseguido por los delitos de pederastia y pornografía infantil.

Contando con los testimonios de más de unas veinte mujeres y niñas que se acercaron a las organizaciones no gubernamentales, que habían sido  víctimas de este empresario, el libro “Los Demonios del edén” desenmascaraba a la  poderosa red de pederastas, que violaban niñas para video grabar estos actos y venderlos a través de Internet. El mismo Succar Kuri aseguraba en un video grabado ante una de sus víctimas y que se encuentra en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, que siempre ha tenido sexo con niñas, hasta de cinco años de edad.

- “Te estoy diciendo que eso está permitido! porque ése es el riesgo de ir a casa de un pinche viejo que está solo, es parte del riesgo; los papás nada más decían: “Me cuida a mi hija, me cuida a mi hija”. Eso está permitido. Por ejemplo, yo le digo a Lesly: “A mí tráeme una de cuatro años” y si ella me dice: “Ya está cogida” y yo veo si ya está cogida, veo si le meto la ¨verga o no. Tú lo sabes que esto es mi vicio, es mi pendejada y sé que es un delito y está prohibido, pero esto es más fácil, pues una niña chiquita no tiene defensa, pues la convences rápido y te la coges. Esto lo he hecho toda mi vida, a veces ellas me ponen trampas, porque se quieren quedar conmigo, porque tengo fama de ser un buen padre...”, afirma Succar Kuri en dicha cinta.

Los Demonios de la Corte

La filtración de las grabaciones y la exposición mediática que obtuvo el caso de Jean Surcar Kuri, le permitió a la periodista presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del Gobernador de Puebla, Mario Marín, al empresario Kamel Nacif, la procuradora estatal de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez y a la juez Rosa Celia Pérez González, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

La filtración de la grabación telefónica llenó de vergüenza a la sociedad mexicana. Por un instante muchos ciudadanos creímos que un hecho tan vergonzoso sería suficiente para que el Gobernador de Puebla renunciara a su cargo. Pero no, no fue suficiente. Tampoco fue suficiente que unos días después de las primeras grabaciones, fueran filtradas a la prensa otras más, en donde el empresario Nacif alardeaba, siempre en su tono prepotente y misógino, que a la periodista la iban a mandar al área de reclusas lesbianas, para que ahí fuera violada: “La voy a volver loca, hasta que me pida perdón”; advertía el empresario en conversación con uno de sus socios.

Pero nada de eso fue suficiente para que el gobernador de Puebla reconociera la violación a los derechos humanos de la periodista y renunciará. El 18 de abril de ese mismo año, el Congreso de la Unión le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción e investigará las presuntas violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho; el máximo tribunal admitió la petición y determinó crear una comisión investigadora. La Corte decidió el 9 de septiembre del mismo año, por siete votos en favor y tres en contra, ampliar la indagatoria sobre la violación de derechos sufrida por la periodista, a fin de que se investigue al llamado góber precioso. Se crea así una segunda comisión especial que encabezada por el ministro Juan Silva Meza, inicia sus averiguaciones el 10 de marzo de 2007.

Todo estaba en manos de los ministros de la Corte, que en anteriores momentos habían dado muestras de independencia e imparcialidad, por lo que nadie dudaba que en un caso que había llamado tanto la atención por sus implicaciones con redes de protección a la pederastia y a la pornografía infantil, por un lado, y las violaciones a los derechos y garantías individuales de un ciudadano por parte de las autoridades, por el otro, la labor de la Corte estaría a la altura del momento histórico que se estaba viviendo.

La investigación realizada por el ministro Juan Silva Meza incluyó la revisión de expedientes judiciales, archivos de empresas privadas de telefonía, entrevistas con autoridades como la Procuradora de Justicia del estado de Puebla, la juez Pérez González, el gobernador Mario Marín y con Lydia Cacho. Un trabajo exhaustivo que sumaban más de mil fojas que les fue presentado al pleno de la Corte, el 19 de noviembre.

Se sabía que, a pesar de que la misma Corte había encargado la investigación, existía cierta molestia por parte de varios ministros ante el hecho de que la denuncia de la periodista hubiera llegado hasta el pleno de la Corte. Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían atrás, después de leer el dictamen presentado por el Ministro Silva Meza, en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.

Sorpresivamente las dos Ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio Presidente, Ortiz Mayagoitia, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final.

Por seis votos a favor, cuatro en contra, la Corte desestimó las pruebas presentadas por el Ministro Silva Meza y el propio Presidente de la Corte, Ministro Ortiz Mayagoitia afirmó que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no violaciones graves en términos del Artículo 97 Constitucional en el proceso penal en su contra, opinión que compartió la mayoría. Decisión sustentada además por el “tecnicismo” (como lo definió el escritor Carlos Monsivais) de que en un juicio es imposible tomar como prueba una llamada obtenida ilegalmente.

Apenas unos días antes la Presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, había adelantado que dependía del veredicto final de la Corte si se llevaba a juicio político al gobernador poblano y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, consideró que la decisión tomada por los ministros “podría dar un indebido mensaje de impunidad”.

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